(POLÍTICA YA). – La Corte Suprema amplió el poder que tienen los estados para condenar a inmigrantes indocumentados y otras personas que no tienen permiso para trabajar en Estados Unidos.
El fallo de 5 a 4 votos del Tribunal revocó una decisión de 2017 de la Corte Suprema de Kansas que anuló las condenas de tres trabajadores de restaurantes acusados de usar de manera fraudulenta los números del Seguro Social de otras personas.
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El caso, que exploró la tensión entre el gobierno federal y los estados cuando se trata de hacer cumplir asuntos migratorios, se refiere a personas indocumentadas que usaron identidades falsas para obtener empleo y que fueron procesadas en Kansas bajo las leyes estatales de robo de identidad.
Ramiro García, un inmigrante indocumentado, fue condenado por usar el número de Seguro Social de otra persona para conseguir un trabajo en un restaurante.
Los abogados de García impugnaron la condena, argumentando que no podía ser condenado bajo la norma estatal porque ésta es precedida por la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, que es federal.
AUTORIDAD FEDERAL Y PODER ESTATAL
En la opinión escrita a nombre de la mayoría por el conservador juez Samuel Alito, el tribunal superior determinó que Kansas no invadió ilegalmente la autoridad federal sobre la política de inmigración.
Pero el juez Stephen Breyer, que con el respaldo de las juezas liberales Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, escribió en su oposición que la decisión “abre un vacío legal colosal”.
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“Empezar un nuevo trabajo casi siempre implica completar formularios de retención de impuestos junto con un formulario I-9. Entonces, a menos de que quieran entregarse, las personas que esperan ocultar a su empleador el estatus real de autorización federal de trabajo que tienen pondrán la misma información falsa en sus formularios de retención de impuestos como lo hacen en su I-9“, escribió Breyer.
Se teme que la decisión alentará a los estados que quieran desempeñar un papel más activo en hacer cumplir las normas de inmigración a usar leyes de identidad y estatutos similares para apuntar contra los trabajadores indocumentados.
El fallo también es una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump, que en este caso apoyó al estado de Kansas.
Pero el fallo del Tribunal Supremo también podría afectar el debate sobre las ciudades santuario y las jurisdicciones locales con políticas establecidas para limitar la cooperación con el gobierno federal, ya que, irónicamente, esta victoria de Kansas podría apoyar los esfuerzos de otros estados para regular la inmigración, según expertos legales.
