(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump avanzó en su guerra contra los estados santuario que defienden los derechos de los inmigrantes al no cooperar con la agenda antiinmigratoria de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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William Barr, Fiscal General, anunció que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó tres demandas contra igual número de estados que, según el funcionario, colocan la seguridad de inmigrantes indocumentados por encima de los ciudadanos que respetal la ley.
En el estado de Washington, el DOJ demandó para bloquear una política que impide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenece ICE, deporte a inmigrantes indocumentados desde un aeropuerto de Seattle.
En Nueva Jersey, los fiscales alegaron que las prácticas que impiden el intercambio de información entre la policía local y los funcionarios de inmigración son ilegales.
Y en California, los abogados del DOJ rechazaron una nueva ley estatal que prohíbe el uso de instalaciones privadas de detención, que son utilizadas por el DHS para albergar a inmigrantes indocumentados apresados por La Migra.
Las demandas surgen una semana después de que el gobierno de Trump vetó a los residentes de Nueva York de participar en el programa Global Entry, debido a una nueva ley que permite las licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.
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POLÍTICOS PROGRESISTAS
Al hacer el anuncio, Barr dijo que estas políticas locales violan una ley federal que prohíbe a los estadounidenses ayudar a los inmigrantes no autorizados o protegerlos de las autoridades de inmigración.
“Hoy es una escalada significativa en los esfuerzos del gobierno federal para enfrentar la resistencia de las ‘ciudades santuario'”, exclamó el Fiscal General. “Consideraremos tomar medidas contra cualquier jurisdicción que, o cualquier político que, ilegalmente obstruya la aplicación federal de la ley de inmigración”.
“Desafortunadamente, en varias jurisdicciones, los llamados políticos progresistas están poniendo en peligro la seguridad del público al poner los intereses de los extranjeros criminales antes que los de los ciudadanos respetuosos de la ley”, añadió.
Barr indicó que el DOJ examina otras leyes o políticas estatales o locales que cree que están obstruyendo la aplicación de la ley federal de inmigración.
Pero funcionarios en los tres estados dijeron que no se retirarían ante los desafíos legales. La secretaria de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, Vicky Waters, dijo en un comunicado que “no vamos a dar marcha atrás en la defensa de nuestras leyes”.
“Ya estamos involucrados activamente en un proceso administrativo con la FAA para resolver nuestras diferentes interpretaciones”, dijo el ejecutivo del condado de King, Washington, Dow Constantine, en un comunicado. “La administración Trump y el fiscal general Barr decidieron eludir este trabajo en aras de captar los titulares”.
El fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, acusó a la administración de “sacrificar la seguridad pública por conveniencia política”, alegando que “el presidente, que enfrenta la reelección, de repente decidió desafiar una política que anunciamos por primera vez en 2018”.
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