(POLÍTICA YA). – Más de 200 miembros del Congreso pidieron este jueves a la Corte Suprema que reconsidere anular la histórica decisión Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo en Estados Unidos.
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Los legisladores presentaron un informe de amicus en nombre del acusado en el caso June Medical Services v. Gee, que considera la legalidad de una ley de Luisiana de 2014 que exige que los médicos que realizan abortos en el estado tengan privilegios de admisión en un hospital cercano.
El caso será considerado por el Tribunal en marzo próximo.
En el informe , los congresistas insisten en que el derecho nacional al aborto es “impracticable”, y sugieren que el tribunal aborde la cuestión de si el caso debe reconsiderarse y, si corresponde, anularse.
“Cuarenta y seis años después de la decisión de Roe, sigue siendo un precedente radicalmente sin establecer”, escribieron los legisladores en un breve informe.
El documento, presentado el jueves por el grupo nacional antiabortista United for Life, está firmado por 39 senadores y 168 miembros de la Cámara de Representantes, casi todos republicano
2 DEMÓCRATAS, DECENAS DE REPUBLICANOS
Dos demócratas apoyaron la solicitud: los representantes Dan Lipinski de Illinois y Collin Peterson de Minnesota.
Los firmantes incluyen a los senadores Ted Cruz de Texas, Chuck Grassley de Iowa, Mike Lee y Mitt Romney de Utah, y Tim Scott de Carolina del Sur, así como a los representantes Steve Scalise de Luisiana, Liz Cheney de Wyoming y Steve Chabot de Ohio.
El escrito argumenta que “la jurisprudencia de Roe ha sido casual desde el principio“, y “ha sido sustancialmente socavada por la autoridad posterior”.
Además insiste en que Roe vs Wade “claramente no resolvió el problema del aborto“. El grupo insta a los jueces a “reconsiderar esos precedentes”.
El caso de Luisiana ante la Corte Suprema no se dirige directamente a Roe vs Wade.
La ley en cuestión requiere que un médico tenga privilegios de admisión en un hospital dentro de 30 millas de la instalación donde se realiza el aborto, lo que los críticos dicen que no está médicamente justificado.
Los opositores a la legislación dicen que el requisito resulta imposible en áreas rurales alejadas de los hospitales, y en los casos en que el hospital más cercano sea católico y no otorgue los privilegios, y que, si entra en vigencia, cerrará todas las clínicas de aborto en Luisiana.
