(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump ha empezado a preparar los documentos legales para adquirir tierras privadas en Texas con el fin de construir el muro fronterizo que prometió el mandatario durante su campaña electoral de 2016.
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Con ese fin, abogados del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Defensa han preparado cartas de derechos de entrada, en las que informan a los propietarios que agentes del gobierno ingresarán a sus terrenos, revelaron dos funcionarios familiarizados con el proceso a la cadena NBC
Los agentes evaluarán las propiedades, harán pruebas de suelo y estudios topográficos.
En el pasado, el gobierno ha pagado a dueños de terrenos a lo largo de la frontera entre Texas y México $100 por 18 meses de acceso sin restricciones y sin previo aviso, según dijo a NBC Ricky Garza, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
Garza representa a cinco propietarios de tierras en Texas cuyo terrenos se encuentran en la planeada trayectoria del muro de Trump.
Según el abogado, cerca de 1,000 propietarios en Texas poseen tierras en el camino de los planes para un muro fronterizo.
TIERRA PRIVADA
Garza agregó que, en Texas, a diferencia de otros estados fronterizos, la mayoría de la tierra a lo largo de la frontera es privada y ha sido transmitida por generaciones a través de las familias.
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No obstante, el gobierno podría presentar una declaración en virtud de la Ley de Declaración de Toma ante un tribunal federal de Texas, con lo que el título del terreno sería transferido automáticamente al gobierno.
El gobierno tiene que nombrar el precio que espera pagar, pero las negociaciones reales con los propietarios sobre el precio no comienzan hasta que se toma la tierra.
Mark Morgan, comisionado interino de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dijo a los periodistas el jueves que la adquisición de tierras para el muro fronterizo es “un desafío”, pero que “todavía creo que estamos en camino de obtener la tierra que necesitamos para 450 millas”.
Morgan señaló además que han habido demandas y “mucho activismo judicial por ahí, y la adquisición de tierras no será inmune a eso también”.
