(POLÍTICA YA). – Las políticas migratorias que ha lanzado en sus casi tres años el gobierno del presidente Donald Trump violan el debido proceso y los derechos civiles de los migrantes, afirma una agencia gubernamental en un mordaz informe publicado este jueves.
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Las medidas oficiales para contener y detener la inmigración han creado además una crisis innecesaria en la frontera sur, asegura el documento “Trauma en la frontera: el costo humano de inhumanas políticas de inmigración” de la Comisión en Derechos Civiles.
Para la elaboración del informe, la comisión recolectó testimonios de solicitantes de asilo, expertos legales y otros testigos sobre los impactos de los cambios en la política de inmigración en la frontera sur.
El informe se centra en la separación de miles de niños migrantes de sus padres, y en la vivienda y la atención médica brindada a los solicitantes de asilo y otros migrantes mientras permanecen detenidos por las autoridades migratorias.
Además, el reporte plantea serias preocupaciones sobre las medidas para atender los pedidos de asilo en la frontera, las prácticas de detención de migrantes, y el uso generalizado de la separación de las familias.
LEE AQUÍ EL INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES
IMPACTO TRAUMÁTICO Y GENERALIZADO
Sobre la separación de familias migrantes, la Comisión concluye que el impacto de la medida es generalizado y puede causar un trauma físico, mental y emocional irreversible en los niños como también en los padres.
Agrega además que, a pesar de una orden ejecutiva que instruye detenerla práctica de despojar a padres migrantes de sus hijos, sigue habiendo acusaciones creíbles de que las separaciones familiares continúan.
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“La institución de la política de Cero Tolerancia y la decisión de separar por la fuerza y deliberadamente a los niños, incluidos los bebés y niños pequeños, de los padres o miembros adultos de la familia en una escala masiva, que procedió sin planes o coordinación para reunir a las familias, es una grosera violación de derechos humanos y civiles”, dijo la vicepresidenta Patricia Timmons-Goodson.
La Comisión también escuchó directamente a inmigrantes detenidos que confirmaron experiencias traumáticas como resultado de condiciones inhumanas duraderas en los centros de detención y trato cruel por parte del personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“La Administración debería usar su autoridad para aliviar de inmediato las condiciones perturbadoras abordadas en nuestro informe, y el Congreso debería aprobar una legislación multifacética para garantizar que esta crisis se resuelva lo antes posible y se evite que vuelva a ocurrir”, agregó Timmons-Goodson.
La comisión de ocho miembros, que fue creada por la Ley de Derechos Civiles de 1957 y ha sido reautorizada varias veces por el Congreso, es una agencia bipartidista de investigación destinada a informar la política nacional de derechos civiles.
