(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump recolectará muestras del ADN de los solicitantes de asilo y otros migrantes que son detenidos por agentes de inmigración.
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El Departamento de Justicia (DOJ) lanzó este lunes oficialmente regulaciones enmendadas que obligarían a la recolección de ADN para casi todos los migrantes que cruzan entre los puntos de entrada oficiales y que se encuentran recluidos incluso temporalmente.
Un funcionario del DOJ reveló que las reglas no se aplicarían a los residentes legales permanentes, quienes al lograr la “Green Card” tienen que suministrar sus huellas dactilares, o cualquier persona que ingrese legalmente a Estados Unidos.
Además, los niños menores de 14 años están exentos, pero no está claro si a los solicitantes de asilo que pasan por cruces oficiales también se les tomarán las muestras.
El anuncio del DOJ indica que las muestras de ADN se ingresarán en la base de datos de ADN del FBI.
PREOCUPACIONES
La nueva política permitiría al gobierno acumular una gran cantidad de datos biométricos sobre cientos de miles de migrantes, planteando importantes preocupaciones de privacidad y preguntas sobre si dichos datos deberían ser obligados incluso cuando una persona no es sospechosa de un delito que no sea cruzar la frontera sin documentos migratorios.
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Organizaciones que defienden los derechos civiles ya han expresado su preocupación por el mal uso de los datos y es probable que la nueva política conduzca a acciones legales.
A principios de este año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recolectó pruebas de ADN en siete lugares a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos para determinar las relaciones familiares de los migrantes con los niños que les acompañan.
Desde entonces, la agencia ha expandido las pruebas de ADN a tres ubicaciones adicionales en la frontera sur.
DHS está trabajando actualmente bajo las excepciones establecidas hace casi una década.
En 2010, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, solicitó una exención para la recolección de ADN de la Ley de huellas dactilares de ADN de 2005, incluyendo a los migrantes bajo custodia que no enfrentaban cargos penales o los procedimientos de deportación pendientes, citando la falta de recursos de la agencia en el momento de recolectar ADN.
