La Oficina del Censo de Estados Unidos ha solicitado a los estados proporcionar sus registros de licencias de conducir, lo cual ha causado preocupación entre expertos y activistas.
De acuerdo con un reciente reporte de la agencia Associated Press, estos registros incluyen datos de ciudadanía, y creen que obtenerlos es precisamente la intención de la administración Trump luego de que la Suprema Corte prohibiera incluir esta pregunta expresa en el Censo 2020.
La mencionada agencia también ha solicitado información acerca de los beneficiarios de asistencia del gobierno.
Activistas en pro de los inmigrantes y derechos civiles advierten que esta medida podría desmotivar la participación de los latinos en el Censo 2020, el cual ayudará a determinar la representación de cada estado en el Congreso así como la cantidad de fondos federales que recibirá, además de redefinir los mapas electorales locales y estatales.
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Luego de la decisión de la Suprema Corte en junio, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que obliga al Departamento de Comercio, de donde se desprende la Oficina del Censo, a obtener registros de ciudadanía por parte de agencias estatales y federales.
La mayoría de los estados, o todos, ya recibieron peticiones para entregar información de ciudadanía, raza, fecha de nacimiento y direcciones, pero cada uno se encuentra decidiendo cómo responder. Illinois, por ejemplo, ya dijo que no.
En cuanto a los beneficiarios de programas públicos, la petición de la Oficina publicada en septiembre asegura que esta información sería utilizada para el Censo 2020 y otras investigaciones. Aunque no solicita explícitamente información de ciudadanía, expertos creen que responde a la orden ejecutiva del presidente.
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El jueves pasado, la Oficina del Censo indicó que solicitó registros estatales desde 2016 para el Censo 2020, los cuales incluyen fechas de nacimiento, direcciones, raza y estatus de ciudadanía, aunque no dijo por qué está solicitando la información de las licencias de conducir o por qué emitió una nueva petición a pesar de que ya recibe registros estatales.
La agencia dijo que a los registros que recibe se les elimina la información personal y solo son utilizados con fines estadísticos. Varios expertos no están de acuerdo o no creen esta versión.
“Si el gobierno consigue y usa esta información privada, sería una grave violación a los derechos constitucionales de las personas”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), a Univisión.
Por su parte, el abogado de inmigración Alex Gálvez declaró al mismo medio que el gobierno federal tiene acceso a las bases de datos de los estados y puede obtener esa información sin necesidad de solicitarla formalmente.
“(El gobierno federal) no requiere que los estados le entreguen datos, ellos los toman… Si la pregunta es si Inmigración tiene acceso a los datos del DMV, la respuesta es ‘absolutamente’”, aseguró Gálvez a Univision.
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Autoridades del Censo han dicho que tienen hasta el 31 de marzo del próximo año para determinar el método que utilizarán para rastrear la ciudadanía, es decir, un día antes de que empiece el conteo de población (1 de abril).
