(POLÍTICA YA). – Una demanda civil de los familiares de un hombre que fue asesinado por un policía en la ciudad de Southaven, Mississippi, ha puesto sobre el tapete un debate sobre los derechos constitucionales de los inmigrantes, aun cuando son indocumentados.
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Según la ciudad, no tiene la obligación de pagar por daños a la familia de Ismael López, un inmigrante indocumentado que fue asesinado a tiros por la policía de Southaven en su propia casa durante una noche de julio de 2017.
Los oficiales fueron por error a la casa equivocada mientras cumplían una orden judicial, y terminaron en la de López, dispararon por la puerta y lo mataron.
La familia de López demandó a la ciudad, al jefe de la policía en el momento en que ocurrió el fatal incidente y los dos agentes involucrados en la muerte del inmigrante.
Pero abogados de la ciudad de Southaven dijeron que López no tenía los derechos civiles de la Cuarta o Decimocuarta Enmienda de la Constitución, como alega el abogado de su familia, porque no era un ciudadano legal.
La la ciudad de Mississippi argumentó que López era un delincuente convicto “por un delito de violencia” mientras estaba en los Estados Unidos y que “no tenía los mismos derechos que los extranjeros legales o residentes”.
“Si alguna vez tuvo los derechos civiles de la Cuarta Enmienda o la Decimocuarta Enmienda, se perdieron por su propia conducta y mala conducta”, escribió un abogado de la ciudad en su moción.
NOSOTROS EL PUEBLO
“Ismael López pudo haber sido una persona en suelo estadounidense, pero no era uno de los ‘Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos’ [como dice la Constitución] con inherente derecho a los derechos civiles invocados en esta demanda”, escribió la abogada de la ciudad, Katherine Kerby de Columbus, Mississippi.
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Kerby representa al expolicía de Southaven, Zachary Durden, quien los investigadores concluyeron que fue quien disparó la bala mortal.
Aaron Neglia, abogado de la familia López, calificó el argumento de la ciudad como “la cosa más loca que he escuchado”.
Neglia afirmó que la posición de la ciudad es que “porque él es un inmigrante indocumentado que no tiene protecciones constitucionales, está bien que la ciudad de Southaven lo mate“.
“No hay palabras”, comentó por su parte Claudia Linares, la viuda de López, durante una conferencia de prensa a la que acudió junto a los abogados de la familia.
Tribunales en casos anteriores han concluido que los inmigrantes sin papeles sí tienen derechos y gozan de protecciones.
Por ejemplo, en 1982, la Corte Suprema dictaminó en el caso Plyler v. Doe que los niños tienen derecho a una educación básica, independientemente de su estatus migratorio.
Pero Kerby dijo que cree que la ley de control es un caso de 1990 de la Corte Suprema: Estados Unidos v. Verdugo-Urquidez.
Ese caso tuvo que ver con un presunto contrabandista de drogas que vivía en México. Según una sinopsis del caso, las autoridades mexicanas lo detuvieron en México, luego lo entregaron a funcionarios estadounidenses, que registraron su casa en México y encontraron pruebas.
El acusado argumentó que los artículos incautados no deberían ser admitidos como evidencia porque las autoridades violaron sus derechos de la Cuarta Enmienda contra la búsqueda e incautación irracionales.
El Tribunal Supremo dictaminó que la Cuarta Enmienda no se aplica a los extranjeros en territorio extranjero o en aguas internacionales.
