En otro golpe contra los migrantes, el gobierno de Donald Trump planea negar permisos de trabajo a aquellos que piden asilo tras cruzar la frontera por zonas no autorizadas.
“Es injusto, estas son personas que vienen buscando refugio, vienen huyendo de violencia. Muchos son familias, necesitan una forma de trabajar el proceso de migración. Está tomando años, ¿qué van a hacer esas personas en el tiempo que están esperando?”, denunció Heidy Pineda, directora del Proyecto Esperanza.
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El gobierno no lo ve así, ya que la medida incluye a aquellos que han sido encontrados culpables de un crimen. La Patrulla Fronteriza asegura que muchos de ellos presentan documentos falsos al llegar a la frontera.
“Ingresan de forma ilegal; muchas veces las personas traen documentos falsos, ya sea identificación de su país natal falsa, licencias de manejar, hasta números de seguro social”, explicó Salvador Zamora, director de comunicaciones de CBP.
“Eso complica no solo la situación aquí en Estados Unidos porque esos seguros sociales le pertenecen a alguien, alguien está trabajando legalmente con ese seguro social y alguien usa ese número. No solo descontrola todo su crédito sino que también saca créditos y abusan”, añadió el vocero.
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Bajo la nueva propuesta, solo podrían tener permiso de trabajo los migrantes que entren al país presentándose en los puertos de revisión fronteriza.
La ley dice que cuando una petición de asilo tiene 180 días pendientes, esa persona puede obtener permiso de trabajo. Sin embargo, la Casa Blanca sigue complicando el proceso.
“La aplicación ahora ha sido más grande y hace preguntas, por ejemplo, de récord criminal y tienen ahora mucha discreción. Están pidiendo evidencia y se está extendiendo el proceso”, detalló Pineda.
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“Básicamente desmotiva a la gente a pedir asilo, desmotiva a la gente porque no van a tener un permiso de trabajo, no van a poder trabajar y la gente que ya está aquí no va a tener una manera de mantener a su familia mientras pelea su caso de inmigración”, dijo por su parte José Campos, abogado de inmigración.
Aunque la medida es solo un plan, organizaciones se preparan para luchar en corte contra lo que han descrito como algo inconstitucional y discriminatorio.
*Información de Edwin Pitti
