(POLÍTICA YA). – La regla de “Carga Pública” que planea implementar en octubre el gobierno del presidente Donald Trump contiene serias contradicciones e incongruencias, concluye un análisis de la norma que realizó el sitio web de periodismo investigativo Pro Publica.
LEE TAMBIÉN: QUÉ ES LA REGLA DE “CARGA PÚBLICA” Y CÓMO TE PUEDE AFECTAR
Los errores son atribuidos a la urgencia que tiene el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, de que la norma de “Carga Pública” sea implementada lo más pronto posible.
La nueva norma podría limitar drásticamente el número de inmigrantes con la residencia permanente o “Green Card” si los agentes migratorios del gobierno de Trump considera que podrían convertirse en una carga para el estado porque no cuenta con suficientes recursos.
Ciertas regulaciones de 1999 interpretaron “carga pública” como una persona que depende del gobierno para su subsistencia, y esa dependencia se demuestra mediante el uso de programas de asistencia, en ese entonces beneficios en dinero en efectivo.
Bajo la nueva regla, los hogares de inmigrantes que caen por debajo de ciertos umbrales de ingresos serán sometidos a la prueba de “carga pública”, que también consideraría qué tan bien los solicitantes hablan, leen y escriben inglés.
Esa prueba incluirá si la persona ha utilizado, o podría usar en el futuro, una serie de programas sociales públicos como Medicaid, las estampillas de alimentos o “Food Stamps”, y/o la Sección 8.
EXCEPCIONES MILITARES
Pero la regla contiene algunas excepciones: grupos de inmigrantes a los que se les permite utilizar los beneficios públicos sin poner en peligro su futuro estatus migratorio.
LEE TAMBIÉN: OTROS 3 ESTADOS TAMBIÉN DEMANDAN AL GOBIERNO POR REGLA DE CARGA PÚBLICA
Sin embargo, está escrita de manera tan descuidada que terminó tratando a los inmigrantes que están casados con ciudadanos estadounidenses con más dureza que a los inmigrantes casados con no ciudadanos, según descubrió el análisis de Pro Publica.
Los miembros del servicio activo que son inmigrantes no ciudadanos pueden usar los beneficios sin tener que considerarlos como una “carga pública” en el futuro.
También pueden hacerlo los familiares de esos inmigrantes en servicio activo.
Pero los inmigrantes que son cónyuges o hijos de miembros del servicio activo que son ciudadanos estadounidenses no están incluidos en la excepción, lo que significa que el uso de beneficios mientras sus cónyuges estaban en servicio activo podría poner en peligro su futuro en los EE.UU.
Charles Wheeler, abogado de inmigración de la Red Católica de Inmigración Legal, Inc. dijo a Pro Publica que el error “es una redacción descuidada. Están tratando de sacar la regulación antes de lo que probablemente sea práctico”.
El texto completo del reglamento contradice su propio lenguaje de implementación con respecto a cómo se aplicará la nueva norma entre las familias militares.
El formulario que se supone que implementa la regla no distingue entre familias de miembros del servicio que son ciudadanos y miembros del servicio que no son ciudadanos, aunque las instrucciones del formulario sí lo hacen.
