(POLÍTICA YA). – Trece estados lanzaron lo que será la segunda de una larga lista de batallas legales que enfrentará el gobierno del presidente Donald Trump por su nueva regla de “Carga Pública” por la que negará la residencia permanente a inmigrantes que han usado, o podrían utilizar en el futuro, ciertos beneficios del gobierno.
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Este es el último desafío legal contra la regla, que anunció la administración de Trump este lunes, y que deberá entrar en efecto el próximo 15 de octubre.
Según la norma, los inmigrantes que usan beneficios tales como Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para la vivienda podrían ser rechazados a la hora de que soliciten la Green Card.
La nueva demanda, encabezada por el estado de Washington, sostiene que la regla viola los estatutos federales de inmigración y expande ilegalmente la definición de “carga pública”.
La instancia fue entablada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por los estados de Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Virginia y Washington.
CLARO MENSAJE
“El mensaje de la administración Trump es claro: si eres rico eres bienvenido, si eres pobre, no lo eres”, dijo el Fiscal General de Washington, Bob Ferguson.
“Obliga a las familias a tomar una decisión imposible: sacrificar su sueño de convertirse en estadounidenses para brindar atención médica, alimentos o un techo sobre las cabezas de sus hijos, o dejar que sus familias se vayan sin poder quedarse en el país. Esta regla es antiestadounidense, antiinmigrante y también es ilegal”, añadió.
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A principios de esta semana, los condados de San Francisco y Santa Clara en California presentaron otra demanda conjunta contra la regla, alegando que incurrirán en costos adicionales debido, en parte, a los residentes que se trasladan a servicios pagados y administrados localmente.
El recurso legal de los 13 estados sostiene que la nueva regla amplía ilegalmente la definición de “carga pública“, en violación de los estatutos federales de inmigración. Los procuradores argumentan que la directriz causará “daños irreparables” y disuadirá a los no ciudadanos de buscar asistencia pública “esencial”.
Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), cuya agencia es responsable de adjudicar las solicitudes de inmigración, defendió la nueva norma.
“Esta regla está dentro de los límites de la ley y la tradición legal”, dijo. “La autosuficiencia es una parte central de la orgullosa herencia de Estados Unidos y orgullosamente respaldamos esa tradición”.
La norma enfrentó una rápida condena y rechazo de los defensores de los derechos de los inmigrantes que argumentan que la norma busca limitar aún más la inmigración legal y ofrece una ventaja injusta a los inmigrantes ricos.
