(POLÍTICA YA). – Como prueba de que la nueva regla de “Carga Pública” será el centro de una feroz batalla legal, dos de los condados más populosos de California demandaron al gobierno de Donald Trump por la medida.
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La nueva norma podría reducir drásticamente la cantidad de inmigrantes a los que se les permite ingresar y permanecer en Estados Unidos, ya que facilita el rechazo de las solicitudes de residencia permanente, si el solicitante ha usado, o podría utilizar en el futuro, determinados beneficios sociales, como Medicaid y los cupones de alimentos.
La demanda, presentada ante una corte federal por los condados de Santa Clara y San Francisco es el primero de la serie de numerosos desafíos legales que se esperan de parte de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y las jurisdicciones lideradas por los demócratas.
La versión final de la regulación, un elemento clave en la agenda de inmigración de línea dura de la administración, fue revelada el lunes y está programada para entrar en vigencia el 15 de octubre.
“Este es solo un nuevo frente en los ataques agresivos, tontos y equivocados de la administración Trump contra las familias inmigrantes”, dijo James Williams, abogado del condado de Santa Clara, a CBS News.
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SALUD Y FINANZAS
En la demanda, Santa Clara y San Francisco alegan que las nuevas directrices empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y afectarán financieramente a los condados.
Los condados agregaron que las normas provocarán un “efecto aterrador” en el que los migrantes renunciarán o se darán de baja de los programas federales de asistencia pública para reducir el riesgo de un rechazo en sus solicitudes de residencia.
Además, la regla de “Carga Pública” viola la ley de inmigración aprobada por el Congreso que da prioridad a la reunificación de familias, agrega la demanda.
San Francisco y Santa Clara también sostienen que la regla entra en conflicto con la definición legal del término “carga pública”, codificada por primera vez en la ley de inmigración de los años 1880, al expandir el tipo y la cantidad de beneficios utilizados por los inmigrantes que contarán contra ellos mientras buscan quedarse o mudarse a EE.UU.
Esta regla “facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley mientras siembra miedo y confusión en nuestras comunidades”, dijo Dennis Herrera, fiscal de la ciudad de San Francisco, en un comunicado.
“Esta regla obliga a la gente a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor con su familia. Todos asumiremos el precio de esta política equivocada”, añadió Herrera.
