El propietario de una planta procesadora de carne en la que fueron detenidos casi un centenar de inmigrantes en 2018 ha sido sentenciado a 18 meses en prisión.
De acuerdo con NBC News, James Brantley se declaró culpable de fraude y de dar empleo a indocumentados, de quienes abusaba aprovechándose de su condición.
El dueño de Southeastern Provision in Bean Station, Tennessee, evadió también 1.3 millones de dólares en impuestos. Además de año y medio tras las rejas, también deberá pasar tres años en libertad condicional después de que salga de la cárcel.
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Autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en abril de 2018 a 97 personas tras una redada en la mencionada empresa, el operativo más grande desde la detención de casi 400 personas en un matadero de Iowa en 2008.
Desde entonces, la administración Trump ha aumentado el número de redadas en lugares de trabajo.
“Nuestro gobierno debería enfocarse en proteger los derechos laborales de todos los trabajadores del país, los derechos a trabajar en un lugar seguro, libre de robo de salario y discriminación. Pero en lugar de ir tras los empleadores, ICE tomó la decisión de perseguir agresiva y violentamente (a los trabajadores)”, expresó Stephanie Teatro, codirectora ejecutiva de Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition.
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“Podemos hacer que los empleadores como Brantley paguen por sus faltas sin castigar a los trabajadores con redadas militaristas que perturban a comunidades locales, dejan a hijos sin sus padres, aterrorizan a comunidades enteras y devastan las economías locales”, añadió la activista, quien considera que estos operativos permiten a los empleadores seguir abusando y explotando a los indocumentados.
“Cuando los empleadores y el gobierno amenazan a los trabajadores con la deportación, son menos propensos a reportar condiciones peligrosas de trabajo como las que permanecían en Southeastern Provision”, explicó.
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A pesar del tiempo que ha transcurrido y la sentencia contra Brantley, gran parte de los detenidos en la redada continúan en un estatus incierto: 71 siguen esperando audiencia, se ordenó la deportación de nueve, 15 firmaron su salida voluntaria y dos permanecen detenidos.
Cabe destacar que el National Immigration Law Center and Southern Poverty Law Center interpuso en febrero una demanda en nombre de los empleados detenidos en la redada, alegando que los agentes violaron sus derechos constitucionales.
