El departamento de Seguridad Nacional en una misión por supuestamente proteger el dinero de los contribuyentes inscribió en el registro federal una regla que busca que todo aquel con intención de ajustar su estatus migratorio, pueda mantenerse y no sea una carga pública.
La propuesta afecta a los que viven en Estados Unidos y quieren la tarjeta verde o “green card”, al igual que a solicitantes de visas que viven fuera del país y tienen familiares en estados unidos.
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Pero hay grupos que no se verán afectados, de acuerdo a Kistin Donovan, abogada de inmigración, “las personas con asilo, refugiados, víctimas de trata humana, violencia doméstica y otros grupos, también no afecta a personas que tienen green card y que quieren hacerse ciudadanos”.
Eso es diferente al reporte dado a conocer anteriormente que incluía a todos los inmigrantes, sin embargo la propuesta ha marcado a muchos padres esta interprete médica ve a diario como muchos en hospitales oncológicos, pues dudan en solicitar tratamientos para sus hijos.
Cecilia Williams, intérprete médica, dijo que “me decian me van a deportar, los pacientes están aterrorizados en el hospital, cuando las familias van a visitarles ven a una persona con uniforme de seguridad y creen que es inmigración ni siquiera entrar a ver a sus familiares”.
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Para organizaciones la administración Trump está obligando a muchos a decidir entre la salud o la residencia, Rosalia Fajardo, directora ejecutiva de MFEC dijo “para mi es de vida o muerte que una mujer piense dos veces hoy en día en hacerse una mamografía preventiva, un niño que tienen un cáncer, miedo para tener la segunda cita y lo hay”.
Expertos siguen recomendando a los inmigrantes no dejar de solicitar beneficios que necesiten ya que la regla es una propuesta y no ha entrado en efecto.
