Un reporte dado a conocer esta semana y que se basa en documentos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), revelan los abusos a los que son sometidos los niños inmigrantes de manos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“Estos documentos dan un vistazo a un sistema migratorio federal marcado por la brutalidad y la ausencia de ley. Todos los seres humanos merecen ser tratados con dignidad y respeto sin considerar su estatus migratorio y los niños, en particular, merecen protección especial”, dijo Mitra Ebadolah, abogada de ACLU.
“La conducta demostrada en estos registros es impresionante, así como la completa falla del gobierno para procesar a los oficiales que abusan de su poder. El abuso por parte de funcionarios del gobierno es reprobable y antiamericano”, añadió.
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El reporte de la ACLU se basa en 30 mil páginas originadas entre 2009 y 2014, obtenidas por la organización en sus sedes de San Diego, el condado Imperial y Arizona. Estos documentos indican múltiples casos de abuso y violencia contra niños migrantes, quienes en su mayoría dejaron sus países de origen huyendo de la violencia.
“El hecho de que estos niños ya eran tan vulnerables –en su mayoría viajando solos con la esperanza de escapar la violencia y la pobreza– solo hizo que las acciones ilegales e inhumanas reflejadas en los documentos sean aún más desconcertantes”, refirió Claudia Flores, directora de la International Human Rights Clinic de la Escuela de Derecho de Chicago.
Según los informes, además de abusos verbales, físicos y sexuales, los oficiales les negaban el acceso a agua limpia y comida adecuada, a cuidado médico y los mantenían en instalaciones frías e insalubres. Los documentos contienen evidencia de que autoridades americanas estaban conscientes de los abusos, pero no los investigaron y, mucho menos, los resolvieron.
“Es terrible pensar que los horríficos abusos descritos en estos documentos pueden continuar y posiblemente empeorar durante la administración Trump. Es inaceptable que no haya mecanismos para difundir los abusos de CBP y asegurar la rendición de cuentas”, expresó Astrid Domínguez, de ACLU.
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Algunos de los casos que aparecen en los documentos incluyen a agentes de CBP que le dieron tres puñetazos a un niño en la cabeza, patearon a otro en las costillas, utilizaron una pistola paralizante contra un niño ocasionándole una convulsión y atropellaron a un joven de 17 años con una patrulla para después golpearlo repetidamente.
También les negaban a los niños detenidos ponerse de pie o moverse libremente, incluso por días. A los que lo hacían, los amenazaban con transferirlos a un régimen de aislamiento en una fría y pequeña celda.
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Los agentes de CBP también habrían negado atención médica a una menor embarazada, quien después tuvo un aborto, mientras que a una joven de 16 años le practicaron una búsqueda donde la obligaron a abrir las piernas y luego tocaron sus genitales con tanta fuerza que gritó.
Asimismo se les acusa de abandonar a una menor y su bebé prematuro, quien pesaba cuatro libras, en una celda sobrepoblada, sucia y llena de personas enfermas, mientras que por otro lado habrían desechado el acta de nacimiento de un niño y lo amenazaron con abuso sexual por parte de un oficial masculino.
El reporte además muestra evidencias de que CBP mantiene recluidos a los menores por más de las 72 horas permitidas por la ley, así como de deportaciones sin el debido proceso y logradas bajo coerción.
El informe completo puede ser encontrado en: aclusandiego.org/civil-rights-civil-liberties/.
