Phoenix (AZ), 15 sep (EFEUSA).- El estado de Arizona llegó a un acuerdo legal para establecer normas claras y precisas sobre la manera en que los departamentos de policía deben de aplicar la sección “muéstrame tus papeles” de la ley estatal SB1070, se informó hoy.
Víctor Viramontes, representante del Fondo Mexicoamericano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF), declaró en conferencia de prensa que se logró un acuerdo con la Oficina del Procurador de Justicia de Arizona que termina con una larga lucha legal en las cortes en contra de la ley SB1070, aprobada originalmente en el 2010.
Como parte del acuerdo legal, se especifica -por primera vez- que los departamentos policiales no pueden detener a una persona solamente por su estatus migratorio sino debe de existir una “razón” legal o una violación a una ley estatal.
Los agentes de policía, una vez terminen de procesar la infracción de tráfico o el motivo legal de la detención, deberán dejar en libertad a la persona detenida aunque sea un indocumentado.
Anteriormente, los departamentos policiacos tenían el poder de cuestionar el estatus migratorio de los detenidos si “sospechaban” que eran indocumentados y los detenían por largos periodos hasta la llegada de Inmigración o de la Patrulla Fronteriza.
Como parte del acuerdo, el estado también aceptó retirar una apelación en contra de otra parte de la SB1070 que penalizaba a los trabajadores que piden trabajo en las calles.
También se eliminó otro apartado que permitía a los policías confiscar el auto de una persona si este transportaba un inmigrante indocumentado, sin importar si era un familiar.
Alessandra Soler, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) indicó que este acuerdo termina con la demanda legal en contra de la SB1070, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia quien en el 2012 eliminó gran parte de la SB1070, aunque mantuvo la sección 2(b), mejor conocida como “muéstrame tus papeles”.
“Estaremos muy pendientes de que este acuerdo sea aplicado por cada departamento policiaco y no se presenten violaciones civiles”, aseguró Soler.
Por su parte, el procurador de Justicia de Arizona, Mark Brnovich, indicó en un comunicado que este acuerdo ahorra dinero a los contribuyentes permitiendo al estado avanzar.
Detalló también que como parte del acuerdo los demandantes acordaron reducir sus costos legales a 1.4 millones de dólares.
