Washington, 20 may (EFEUSA).- El juez federal de Texas Andrew Hanen, quien suspendió las medidas migratorias del presidente Barack Obama, pidió ahora al gobierno que le entregue una lista de los 100,000 jóvenes indocumentados que se han beneficiado del Programa de Acción Diferida (DACA).
En una orden dictada el jueves, Hanen pidió al Ejecutivo la lista de los 100,000 jóvenes que se beneficiaron en 2012 de DACA y que, posteriormente, recibieron una renovación de tres años, en vez de dos, como establecía la normativa.
Extender el alivio migratorio de dos a tres años fue una de las modificaciones que Obama introdujo en DACA en noviembre de 2014, cuando también proclamó el plan Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) para frenar la deportación de los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente.
Los dos programas fueron suspendidos temporalmente por Hanen en febrero de 2015 y ahora están siendo estudiados por la Corte Suprema de Justicia, que emitirá una decisión posiblemente en junio.
Aunque Hanen paralizó las dos medidas, el gobierno concedió a miles de jóvenes indocumentados una renovación del programa DACA por tres años, en vez de por dos, prolongando así la autorización para residir provisionalmente en Estados Unidos y obtener un permiso temporal de trabajo.
ERROR RECONOCIDO
En documentos presentados en la corte, los abogados del gobierno reconocieron que habían cometido un error y modificaron los beneficios de tres años concedidos a los indocumentados.
No obstante, Hanen acusó a los abogados de haber tratado de evadir su orden.
Además, el juez pidió clases de ética para los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) y ordenó sanciones para aquellos que han defendido en los tribunales las medidas migratorias que proclamó Obama para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados.
El magistrado determinó que los abogados del DOJ deben de tomar un curso de ética de, al menos, tres horas durante los próximos cinco años para participar en casos de cortes estatales y federales de los 26 estados, la mayoría republicanos, que pidieron el bloqueo de las medidas de Obama.
El juez da 60 días, hasta el próximo 10 de junio, a la fiscal general, Loretta Lynch, para presentar un “plan integral para evitar que esta conducta no ética vuelva a ocurrir”.
